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La crisis del euro: de la soberanía económica a la soberanía política

Esta es una semana clave para el futuro de Europa. El 8 y 9 de diciembre el Consejo Europeo se reunirá en Bruselas para discutir, entre otras cosas, la situación económica actual en la zona euro. En avance a esta reunión, Angela Merkel y Nicolas Sarkozy han almorzado juntos hoy lunes 5 de diciembre en París para finalizar su propuesta conjunta de reforma de la gobernanza económica de esta zona. Entre sus conclusiones figura la propuesta de reformar los tratados de la Unión Europea – sea con acuerdo de los 27 Estados miembros de la Unión Europea o de los 17 que son parte del la Unión Monetaria – para asegurar que al menos los miembros del euro comparten mecanismos de control eficaz de sus balances fiscales. Una Europa diferenciada comienza a dibujarse en el horizonte.

La crisis económica actual es una crisis de la soberanía económica de los Estados. La desregularización de los mercados financieros y el gradual traspaso de autoridad a instituciones económicas internacionales – come el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial – han ido minando los instrumentos tradicionales que el Estado moderno tenía para influir en la actividad económica en el territorio bajo su soberanía. La Unión Económica y Monetaria (UEM) se creo no sólo para extender las libertades económicas base del proceso que nos ha llevado a la Unión Europea, sino también para que los Estados recuperen poder respecto a este fenómeno de degradación de su autoridad. La crisis actual pone en evidencia el sistema que se construyó para tal fin, y ya se empieza a hablar del fin del euro. Sería un error pensar que si esto ocurriera sería volver a la situación anterior, pues después de probar y fallar, la institución del Estado-Nación saldría seriamente dañada. Estamos en frente no sólo de una crisis económica, sino también una crisis política.

Desde el principio de la construcción de la UEM, algunas voces han llamado a que se acompañara de una verdadera Unión Política. Éste era en parte el fin de la Constitución Europea, un proceso que debía ayudar a la mejora del sistema de gobierno de una Unión Europea ampliada a 27 o más miembros. Sin embargo, el proceso de “constitucionalización” (o “semi-constitucionalización”, como algunos prefieren) fue rápidamente capturado por los representantes de los Estados Miembros que temían una deriva fuera de su control, lo que desemboco en un simple proceso de reforma con el Tratado de Lisboa. Según varios autores, la falta de mecanismos políticos más integradores que los actuales ha dejado la UEM con pocos instrumentos de convergencia y control que hubieran evitado muchos de los problemas actuales de la zona euro. Si esto es cierto, la reformas que Merkel y Sarkozy quieren llevar a cabo podrían tener un efecto positivo en resolver la actual crisis. Esto significaría, en una aparente paradoja, que los Estados conseguirían transferir parte de su soberanía económica y política a la Unión Europea para poder conservarlas.

Otra posible realidad es que el proceso de degradación de la soberanía económica y de la soberanía política del Estado-Nación va más allá de la crisis actual. Es un proceso irreversible que empezó hace décadas causado por la emergencia de actores económicos y políticos fuera del control de la autoridad estatal que poco a poco han ido minándola hasta independizarse. Esto es cierto en el caso de las entidades financieras, grandes corporaciones y organizaciones internacionales. Si bien estas últimas aún dependen de los Estados, con el tiempo han ido adquiriendo vida propia. Si bien las grandes corporaciones aún tienen una base territorial en un Estado, el proceso de globalización ha permitido una descentralización brutal de sus actividades y sus recursos, dejándolas fuera del control efectivo de los Estados. Y si bien las entidades financieras coexisten con una espada de Damocles en la forma de re-regularización del mercado financiero, su poder actual es tal y su influencia en la política del Estados tan grande que es difícil hoy en día saber quien regula a quien – muestra de ello es la composición de los nuevos gobiernos en Italia y Grecia.

Entre estas dos realidades, aparentemente los Estados europeos se encuentran entre un proceso a varias velocidades de profundización de la integración que (muy) teóricamente podría permitir una regulación efectiva de la UEM en la Unión Europea, y una dinámica de degradación gradual de su soberanía política y económica que dejaría la instituciones que han permitido su control de un territorio y población vulnerables a intereses particulares ¿O hay más realidades más allá de esta dicotomía? ¿Podríamos pensar en estructuras políticas democráticas más allá del Estado-Nación? ¿Existe hoy en día un proceso activo de construcción de una gobernanza en Europa en esta dirección? ¿Qué efecto tendría este proceso en el proceso de integración europea?

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La política es sobre las personas, no los partidos

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Los jóvenes europeos no quieren a los partidos políticos en sus vidas. Sólo el 4% de los jóvenes (15-29 años) participan en un partido político o sindicato (en Euronews (punto 2:02) de Eurostat estadísticas). Esta es una figura clara de lo que los jóvenes quieren o no quieren. Los políticos de los partidos políticos y sus acólitos rápidamente dan la culpa al sistema educativo, al capitalismo, a la televisión o incluso a la Playstation de la falta de interés en la política de los jóvenes. Están cegados por su pensamiento de grupo y su estrecha perspectiva de lo que la política es. La política no es sólo, y ni siquiera principalmente, sobre lo que hacen los partidos políticos y sus representantes (los llamados “políticos”). Esto, muchas personas, incluidos los jóvenes, lo saben muy bien. Yo les recomiendo a la gente de partido de darse una vuelta una noche alrededor de los bares en cualquier ciudad o pueblo en Europa, para escuchar lo que la gente habla. Hablan de política más allá de los partidos políticos y sus instituciones públicas cautivas. Se sorprenderán al saber que hay vida política fuera del partido. Pues la política es principalmente sobre las personas y lo que hacen, y no sobre las organizaciones de cualquier tipo. Por eso tenemos que reformar el sistema para dar oportunidades a aquellos que quieren hablar y participar en la política, pero que no quieren ser prisioner@s de una organización que tiene sus propios intereses, a menudo diferentes de los intereses del resto de nosotros.

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David Bravo frente a la Comisión todopoderosa y el lado oscuro del Gobierno

David Bravo, abogado en nuevas tecnologías y activista de copyleft, escribió un post ayer en su blog de lectura necesaria. Como nos tiene habituados, en un tono inteligente y riguroso nos informa con las palabras justas sobre los abusos que el gobierno está cometiendo en contra de los derechos fundamentales de expresión e información de todos los ciudadanos (y no sólo de los mal llamados internautas). Reproduzco tres párrafos importantes:

En el necesario debate sobre la propiedad intelectual, frente a iniciativas de Canadá o el Reino Unido que han propugnado un sistema de discusión abierta, habilitando webs específicas para el debate público, nuestro Gobierno está mostrando un comportamiento reprochable no sólo democrática sino jurídicamente.

A los jueces se les quita la potestad de decidir quién infringe la propiedad intelectual en Internet: esa potestad se la reserva ab initio el Ministerio de Cultura. Se difumina una vez más el logro que supuso la separación de poderes. La puerta que se abre con una estrategia de control político tan abyecta como ésta es sumamente peligrosa y permite, en la práctica, que el Ejecutivo pueda arrebatar determinados ámbitos de litigio a los tribunales si sus sentencias no son del gusto de quien gobierna.

La trayectoria del Gobierno en este tema es oscurantista: no entrega datos sobre propiedad intelectual que puedan cotejarse públicamente, no ejerce el control sobre las Entidades de Gestión, cuando anuncia la Ley de Economía Sostenible olvida mencionar la reforma de la LPI, que es filtrado a un periódico y no desde luego por los ciudadanos.

Además él y su colega Javier de la Cueva dan al dominio público la plantilla de su contestación a demandas del SGAE, con los argumentos jurídicos en contra de la consideración de las webs de enlaces como infractoras de la propiedad intelectual.

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La dignidad y el Estatuto: Respuesta a El Mundo y Carreras

Como decía en un post anterior en la sección catalana. Hoy 12 diarios catalanes han reproducido el mismo editorial en defensa del Estatuto y la dignidad del pueblo catalán. Dos contrapuntos interesantes son, en mi opinión, dignos de mención. Por un lado, el más corto y simplista es la primera respuesta de El Mundo “Es imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio” y el segundo, más elaborado, es el artículo en La Vanguardia de un antiguo profesor mío en la Facultad de Derecho de la UAB Francesc de Carreras. A pesar de la diferencia de espacio y tiempo (uno en Madrid y otro en Cataluña, uno publicado después del editorial, el otro con el mismo editorial), los dos coinciden en dos puntos: la legitimidad jurídico-política del Tribunal constitucional y la acusación de que el editorial común (o declaraciones de los políticos en el caso de Carreras) defiende los intereses de una oligarquía política que quiere controlar la sociedad catalana.

[E] l TC cumple la función institucional que precisamente le han encomendado los millones de ciudadanos que votaron la Constitución […] No, aquí no está en juego “la dignidad de Catalunya”, como dicen estos colegas, sino la pretensión de una oligarquía política de controlar a la sociedad catalana a través de un Estatuto diseñado para alejarla del resto de España aun a costa de truncar el orden constitucional y el modelo de convivencia democrática. (El Mundo)

El motivo es el vértigo del fracaso ante unas elecciones ya próximas. En realidad, lo que pretenden los políticos catalanes no es defender el Estatuto, ni en Cataluña, ni a los catalanes: lo que tratan es defenderse a sí mismos, no dejar en evidencia su tan visible mediocridad. Están asustados ante unos sondeos de opinión según los cuales, si las elecciones se celebrarán hoy, se abstendrían de votar más de la mitad de los electores: sería la constatación de su fracaso y la certeza de una desconfianza generalizada. Esto es lo que verdaderamente les preocupa […] al final del partido intentan descalificar al árbitro, el Tribunal Constitucional, con la finalidad de que no se les pidan responsabilidades. (Carreras)

Quiero responder a estos dos puntos. Primero, estoy de acuerdo con Francesc de Carreras cuando habla de la “visible mediocridad” de los políticos catalanes. Veo en ellos la misma mediocridad que hay en España, en Francia, en Bélgica, el Reino Unido, Italia, etc. Estoy de acuerdo con El Mundo cuando habla de oligarquía política. Ya he hablado en mi sección en castellano sobre la partitocracia. Pero esto no es exclusivo de Cataluña, ni mucho menos, esto es efecto de un sistema político basado en exceso sobre una organización política que ha envejecido y ha acumulado demasiado poder. No señor Carreras, no señores de El Mundo. La editorial, tanto como muchas de las quejas que salen sobre el Tribunal Constitucional, el recurso del PP y el lamento continuo de algunos desde España sobre Cataluña son una realidad social. Tal vez no compartida por todos en Cataluña (no hay ninguna idea política que lo sea), pero sentida por una parte de la sociedad catalana. Como muestra la manifestación “Sóm una Nació i diem Prou” del 18 de febrero de 2006. Ignorar a estos ciudadanos atacando a los políticos es partidista y muestra de un análisis poco profundo de la realidad. La realidad es mucho más compleja.

Sobre la legitimidad del Tribunal Constitucional. Sí, es verdad que es una institución muy importante del sistema jurídico y político del Estado. Es verdad que está protegido por la Constitución y tiene un papel muy importante para la resolución de conflictos que afectan al texto constitucional. Pero también es verdad que no sólo es una institución jurídica, sino también política. Sus decisiones tienen efectos más allá del texto legal. Muchas veces puede actuar como un segundo legislador, pero sin legitimidad democrática. Los jueces del TC no han sido elegidos por los ciudadanos, sino por la misma oligarquía política que El Mundo y Carreras atacan, aunque esta vez es española. El TC necesita renovación y un sistema de elección que no esté influenciado tanto por los partidos políticos. Hoy en día el TC es utilizado como espacio político para aquellos que no tienen los votos del pueblo. Ignorar esto es de nuevo muestra de partidismo. Ignorar esto es obviar factores políticos esenciales para comprender la realidad.