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Apuntes sobre el acceso a la información. Hechos sin acceso.

UPDATE: Un artículo de EuropaPress contiene más información que el artículo de El País (gracias a @netoraton.
UPDATE2: Comunicado de prensa sobre estas noticias de AccessInfo, la organización que trabaja por el reconocimiento de este derecho en España dentro de la Coalición ProAcceso.

Hoy El País avanza una vez más una miguitas de lo que podría ser la Ley de Acceso a la Información española. El proceso de elaboración de esta ley ha sido a puerta cerrada, en secreto, sin la participación ciudadana, sólo de agentes desconocidos de las administraciones públicas. Un proceso que contradice el espíritu de esta ley, y que en cierta manera desvela la verdadera voluntad del gobierno en aplicar una ley que cambiara la manera en el que las administraciones españolas trataran al ciudadano.

El País avanza tres puntos importantes: (1) plazo de 30 dias para contestar (con posibilidad de ampliación a 30 días más en casos de dificultad en conseguir la información); (2) Silencio administrativo positivo. Si la administración afectada no contesta en el plazo legal se resuelve en favor del peticionario; (3) la Agencia Española de Protección de Datos (con el añadido de “y Acceso a la Información) será la encargada de los recursos contra la decisión de la administración, aunque sólo en el caso de la administración estatal, pues no tiene competencias sobre la administración autonómica.

Tres apuntes personales sobre estos tres puntos: (1) 30 días es un plazo bastante amplio en comparación con la media en Europa, que es de alrededor de 14 días. Además se puede ampliar a 30 días más. Dos meses pueden ser una eternidad dependiendo de la perennidad de la información requerida. (2) El cambio del efecto del silencio administrativo es muy positivo. Actualmente la mayoría de las peticiones de información se resuelven en negativo con el silencio de la administración. (3) El dar las competencias a la AEPD es un modelo que puede funcionar bien, como los casos británico y esloveno demuestran. Pero ¿Qué pasa con las administraciones autonómicas y locales? Esto significa que en cierta manera estamos hablando de una ley de bases, pues el acceso a la información de las administraciones autonómicas es competencia de éstas, al menos su aplicación. Necesitaremos entonces de leyes autonómicas que garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Este último punto nos vuelve a una cuestión fundamental: ¿regulará el gobierno este derecho como un derecho fundamental recogido en el artículo de la Constitución (art. 20) o como un derecho recogido en la Constitución (art. 105), pero sin las garantías de los fundamentales? Respuesta en el próximo capítulo de “Acceso y Secretos: Una saga a la española”, escrito por el Gobierno y sus amiguetes. Publicado por El País.

Más info (por AccessInfo)

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Información Política

El poder de la información en democracia

Hace unos meses creé un blog/plataforma para concentrar mis ideas sobre gobierno abierto y colaborativo, y construir poco a poco un espacio para contribuir a la definición y desarrollo de las estructuras y herramientas que lo permitan. La llamé midemocracia.org. Esta plataforma parte de la convicción de que debido a la emergencia de Internet y sus tecnologías asociadas, la información está adquiriendo más valor como instrumento de poder político, económico y social y, al mismo tiempo, hay un proceso de distribución de la información que potencialmente permite la distribución de este poder. Nada hay determinado. Quién poseerá y utilizará este poder en el futuro no está determinado por la tecnología o las dinámicas que existan en el presente. Mucho depende de cómo nosotros actuemos.

Una parte importante de este proceso es la garantia y protección del derecho de acceso a la información pública por los ciudadanos. España es uno de los pocos países en la Unión Europea que no tiene una regulación que permita este acceso respetando los criterios estipulados en la Convención del Consejo de Europa sobre Acceso a documentos oficiales (versión inglés).

De los 27 países que conforman la Unión Europea solamente cuatro (4) no tienen una ley de acceso a la información: Chipre, España, Luxemburgo, y Malta. Asimismo de los 47 países miembros del Consejo de Europa España es uno de los pocos países (8) que no tienen una ley de acceso a la información (junto con Andorra, Chipre, Luxemburgo, Malta, Mónaco, y San Marino). (fuente: Coalición Pro-Acceso)

La única norma española que cubre el derecho de acceso a la información del sector público es el articulo 37 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ésta es una norma claramente deficiente que infringe muchos de los principios internacionales sobre este derecho.

El PSOE tenía en su programa de las elecciones de 2004 y 2008 la aprobación de una Ley de Acceso. Después de casi seis años, el gobierno de Rodríguez Zapatero aún esta redactando el ante-proyecto. La información es tan poderosa que los políticos y los administradores parece que tienen miedo de abrir las puertas y ventanas de la administración pública a los ciudadanos. Las últimas noticias dicen que el gobierno presentará el proyecto en junio. Mientras tanto, el debate está en la calle y cada vez más en el mundo académico y en los medios de comunicación.

Dentro del derecho al acceso a la información pública hay un elemento que está ganando relevancia: los datos abiertos (open data). En Estados Unidos, la administración Obama ha aprobado la Open Government Directive (o Directiva del Gobierno Abierto) para crear una marco en que los ciudadanos puedan tener acceso a la información y a los datos de las adiministraciones públicas y crear colaboración entre la sociedad y el gobierno. Anteriormente, abrieron una web para concentrar y distribuir los datos públicos (data.gov). Un desarrollo muy similar se puede presenciar en el Reino Unido con la obertura de data.gov.uk por el gobierno laborista en colaboración con el creador de la world wide web, Tim Berners-Lee.

Las administraciones públicas en todos los países, y particularmente en democracias con servicios sociales, recogen, producen y almacenan grandes cantidades de información y datos. El sector público es el principal productor y consumidor de datos. La obertura de estos datos es importante, principalmente por dos razones: (1) Responsabilidad: en una democracia los ciudadanos deben poder saber sobre las actividades de las administraciones y personal que están a su servicio, incluído el personal político (= representantes). Esto permite la reducción de la corrupción y la eficiencia de las políticas públicas. (2) Experiencia: las administraciones públicas con todo su poder político, coercitivo y financiero, no pueden reproducir la capacidad y experiencia de la sociedad. La obertura de los datos permite que los ciudadanos, grupos y organizaciones que no trabajan en la administración, pero que están en posesión de habilidades y experiencias esenciales para la eficiencia y eficacia de políticas públicas, pongan a disposición del interés colectivo estas habilidades y conocimientos.

Es por todo ello que nosotros, como ciudadanos, debemos participar en la construcción de una democracia más abierta y colaborativa, aprovechando lo que la tecnología nos está ofreciendo. Es por ello que creé midemocracia.org

Hoy, Francisco Polo también habla en su blog sobre este tema. De una manera amena y sencilla explica porqué es importante que abramos los datos públicos, e incluye otra información interesante sobre el tema. Os recomiendo que leais su post “Más Open Government“.

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Información Política

El ciudadano y la administración opaca

Un día de junio de 2007, un ciudadano español se acercó al Ministerio de Justicia a hacer algunas preguntas sobre la lucha contra la corrupción que el gobierno estaba llevando a cabo. Entre otras hizo las siguientes preguntas:

En cumplimiento del Convenio de Naciones Unidas contra la corrupción (art. 6), ¿qué órgano es el encargado de prevenir la corrupción cometida por personas y entidades españolas, privadas y públicas? ¿Qué recursos (material y personal) se le han proporcionado?

El ciudadano esperó y esperó la respuesta del Ministerio, pero nunca llegó. Él ciudadano decidió interponer un recurso administrativo contra este silencio, pero fue desestimado. El ciudadano, que quería respuestas a sus preguntas, interpuso un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, pero ésta lo desestimo argumentando que la Constitución Española no garantiza el derecho del ciudadano a solicitar y recibir información de la Administración Pública (!). El ciudadanos se quedó livido, y muy decepcionado. Su sorpresa se transformó en cabreo cuando leyo un artículo en la revista Interviu en el que se decía que la Administración española oculta de forma sistemática datos. Desgraciadamente, su caso no era excepcional, sino la norma!

¿Cómo es posible que la Administración no se digne a contestar preguntas sobre algo tan importante como la lucha anti-corrupción? El ciudadano concluyó que aqui algo no funcionaba, y algo había que hacer. Las palabras no bastan, así que interpuso un recurso en el Tribunal Supremo. El ciudadano ahora espera…

Ésta es una historia real que se repite continuamente en España, un pais que se llama democracia pero que no garantiza un derecho tan fundamental como es el acceso de los ciudadan@s de la la información que es de tod@os, la información que recoge, produce y almacena con nuestro dinero.

Éste ciudadano en concreto es un miembro de Access Info, organización que lucha por el reconocimiento y garantía de éste, nuestro derecho. Access Info ha interpuesto hoy un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la Audiencia Nacional de no reconocerlo y garantizarlo en contra de la jurisprudencia internacional al respecto. Sin embargo, aún hay mucho trabajo que hacer y cada ciudadan@ es valioso en esta lucha por nuestros derechos.

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Europa Información Política Tecnologia

David Bravo frente a la Comisión todopoderosa y el lado oscuro del Gobierno

David Bravo, abogado en nuevas tecnologías y activista de copyleft, escribió un post ayer en su blog de lectura necesaria. Como nos tiene habituados, en un tono inteligente y riguroso nos informa con las palabras justas sobre los abusos que el gobierno está cometiendo en contra de los derechos fundamentales de expresión e información de todos los ciudadanos (y no sólo de los mal llamados internautas). Reproduzco tres párrafos importantes:

En el necesario debate sobre la propiedad intelectual, frente a iniciativas de Canadá o el Reino Unido que han propugnado un sistema de discusión abierta, habilitando webs específicas para el debate público, nuestro Gobierno está mostrando un comportamiento reprochable no sólo democrática sino jurídicamente.

A los jueces se les quita la potestad de decidir quién infringe la propiedad intelectual en Internet: esa potestad se la reserva ab initio el Ministerio de Cultura. Se difumina una vez más el logro que supuso la separación de poderes. La puerta que se abre con una estrategia de control político tan abyecta como ésta es sumamente peligrosa y permite, en la práctica, que el Ejecutivo pueda arrebatar determinados ámbitos de litigio a los tribunales si sus sentencias no son del gusto de quien gobierna.

La trayectoria del Gobierno en este tema es oscurantista: no entrega datos sobre propiedad intelectual que puedan cotejarse públicamente, no ejerce el control sobre las Entidades de Gestión, cuando anuncia la Ley de Economía Sostenible olvida mencionar la reforma de la LPI, que es filtrado a un periódico y no desde luego por los ciudadanos.

Además él y su colega Javier de la Cueva dan al dominio público la plantilla de su contestación a demandas del SGAE, con los argumentos jurídicos en contra de la consideración de las webs de enlaces como infractoras de la propiedad intelectual.

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Información Política Tecnologia

Apuntes sobre la partitocracia (1): Los políticos a dieta(s)

Éste es el primer apunte sobre el régimen político en el que vivimos: la partitocracia. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los partidos de masas han concentrado poco a poco más poder en la estructura política de Europa. Basándose en la necesidad democrática de organizaciones que eviten la repetición del caudillismo (Hitler, Mussolini, Franco..) y en la legitimación a través del voto periodico, las organizaciones partidistas han ido acumulando poder e influencia no sólo en las instituciones políticas (Parlamento y Gobierno) pero en instituciones judiciales, universitarias, fundaciones, empresas públicas, medios de comunicación e incluso empresas privadas (incluidos los bancos). Los partidos han desarrollado un sistema para filtrar a aquellos que comulgan con la ética de la política de partido: autoridad del líder, solidaridad con sus miembros, desconfianza del exterior. O en otras palabras: caudillismo, compadreo y suspicacia. Los “Apuntes sobre la partitocracia” son un análisis de esta estructura política que fomenta la corrupción y se ha convertido en un lastre para el desarrollo democrático de nuestra sociedad.

Hoy, el Periódico de Catalunya publica un artículo sobre la acumulación de cargos de dos políticos: Felip Puig, número dos de CiU, y Anna Hernández, alcalde de Sant Just Desvern y mujer del President de la Generalitat, José Montilla. 41 cargos el primero, 14 la segunda. El artículo es un ataque directo a Felip Puig que acusó a Anna Hernández de acumulación de cargos. Esto no es sorprendente pues El Periódico de Catalunya es muy cercano a los socialistas. Dejando de lado este sesgo periodístico, lo que más resalta en el artículo es la práctica habitual de los políticos de “endulzar” su salario institucional con dietas. En los dos casos los políticos en cuestión reconocen que cobran dietas, pero que no recuerdan su cuantía (?)

El número dos de CDC subrayó que todas esas responsabilidades van “inevitablemente ligadas” a la condición de titular del departamento. También especificó que cobraba el sueldo de conseller y una dieta del Incasol, cuya cuantía no recordaba. En todo caso, Puig señaló que esos cargos son “los que debe ocupar en estos momentos Joaquim Nadal”, el dirigente del PSC que le sucedió como conseller cuando el tripartito llegó al poder y que se mantiene en el cargo desde diciembre del 2003.

o simplemente no la dicen.

Si bien la Diputación de Barcelona precisó el jueves que Hernández cobra un solo sueldo y de esta administración, no entró en el apartado de las dietas. A petición de este diario, ayer relató que la teniente de alcalde percibe dietas por su asistencia a reuniones de las dos empresas públicas municipales que preside: Promunsa i Proecsa, dedicadas a la vivienda y la promoción económica, respectivamente.
En concreto, obtiene ingresos por asistir a las dos juntas generales que cada una de las sociedades celebra anualmente. Y también por las tres o cuatro reuniones anuales del consejo de administración de las dos firmas. En total, entre 10 y 12 pagos anuales cuya cuantía no fue precisada por la portavoz de la Diputación de Barcelona.

En los dos casos, reconocen que esto es práctica habitual de “todos”:

En todo caso, Puig señaló que esos cargos son “los que debe ocupar en estos momentos Joaquim Nadal”, el dirigente del PSC que le sucedió como conseller cuando el tripartito llegó al poder y que se mantiene en el cargo desde diciembre del 2003 […]

Lo que sí manifestó [la Diputación de Barcelona] es que estas dietas son percibidas por cualquier concejal que integre las dos empresas municipales, sean ediles del equipo de gobierno como de la oposición municipal.

Y esto es me temo sólo la punta del iceberg. No hay ninguna transparencia e información pública sobre las dietas y complementos de las personas que están en una situación privilegiada para obtener estos ingresos, por básicamente no hacer nada muchas veces. Anna Hernández es Consejera general de la mayor entidad financiera de Catalunya, La Caixa. ¿Cuanto cobra por ir a la reuniones? ¿Cómo influye este cargo en sus decisiones como alcalde y diputada provincial?

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Información Tecnologia

Plan E: Comunicación Keynesiana

mon-epo

En midemocracia me gustaría hablar de tecnología en el sentido amplio cronológica y conceptualmente. Internet y tecnologías asociadas están facilitando una nueva obertura de la política que no era posible antes, pero una democracia abierta tiene que ser construida con la integración de espacios y herramientas que existían ya antes. Una de estas herramientas es el cartel de información. La sociedad humana ha utilizado el cartel público para informar de sucesos y decisiones a la población. En la ágora ateniense se colocaban los anuncios públicos en el Monumento de los héroes epónimos, un monumento del siglo IV a. C. representando a los diez héroes epónimos de las nuevas tribus de Clístenes. Uno de los instrumentos más utilizados por el Estado moderno para informar a sus ciudadan@s  ha sido el cartel publicitario, sobre todo en la información sobre obras. Con el Plan E hemos visto como se ha utilizado hasta la saciedad. El problema es que no lo han adaptado a los nuevos tiempos.

Cartel de ObrasTodos sabemos en que se basa burdamente el Plan E. Surge de un mal entendido keynesianismo, utilizando éste como excusa intelectual para salvar un gobierno en confusión y a los empresarios de la construcción, sin enfrentarse a lo que se está haciendo cada vez más evidente: la estructura económica de España basada en tocho y sol no es sostenible. Coherentemente, la comunicación de este plan se ha quedado en los tiempos de John Maynard Keynes, 1930s. El cartel del Plan E informa lo justo: el ayuntamiento que promueve la obra, el contratista, el presupuesto y el plazo de ejecución; y después un gran logo y bla bla que ocupa más de la mitad del cartel. Ni una dirección web, ni un telefono, nada de nada. El control ciudadano de estas obras se hace imposible sin las posibilidades de recibir la información adecuada. ¿Cual es la decisión que ha aprobado el ayuntamiento para las obras?¿Cómo se ha seleccionado al contratista?¿Qué otros contratistas pujaron por la obra?¿Cómo se ha llegado al presupuesto indicado (siempre indicado hasta el último céntimo para dar sensación de exactitud y rigurosidad)?¿Cual está siendo o va a ser el coste real?¿Cómo se ha llegado al cálculo del plazo de ejecución?¿Cual es o será el plazo de ejecución real? Todas estas preguntas son pertinentes para tener una democracia abierta en la que el ciudadano pueda ejercer un control de las administraciones públicas. Una dirección en Internet por sí sola no arregla las cosas, pero permite ir construyendo poco a poco un lugar en el que se acumula información y datos esenciales para este control. El Plan E y su comunicación es una pequeña gran muestra de como los políticos españoles siguen jugando a mayores con los juguetes de sus padres = las instituciones y las herramientas democráticas creadas antes de que nacieran, sin querer o sin poder innovar.

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Información Política

La protección del whistleblower: Wikileaks y la ley

whistleblowerEn inglés “whistleblower” es aquella persona que denuncia una conducta delictiva o perjudicial por parte de una organización o grupo de personas. Por ejemplo, la denuncia anónima del fraude que se cometía en el Palau de la Música Catalana que hacienda recibió en el 2002 la realizó un whistleblower, desgraciadamente fue ignorada en aquel entonces. Whistleblower se puede traducir como “denunciante”, pero va mucho más allá que este último concepto. El whistleblower suele estar en una situación de vulnerabilidad respecto a las personas que están cometiendo las conductas ilegales o perjudiciales, por lo que la denuncia de estas actividades representa un riesgo personal importante para él o ella – en muchos casos la perdida del puesto de trabajo. Muchas veces la persona que tiene conocimiento certero de que se está cometiendo una actividad ilegal o perjudicial no tiene suficientes pruebas para demostrarlo, por lo que una denuncia a través del cauce normal le reportará con casi total seguridad una querella por falsa acusación, lo que puede derivar en responsabilidades civiles y criminales. Es debido a esta posición vulnerable y de riesgo que los whistleblowers actúan normalmente a través del anonimato.

Wikileaks es una organización cuyo objetivo es proteger a los whistleblowers dándoles anonimato, y verificando los hechos que alegan.  Ahora ofrecerá un servicio a periodistas, organizaciones de derechos humanos, investigadores criminales y otros para que un denunciante pueda informarles anónimamente a través de un canal seguro mantenido por Wikileaks, que además ofrecerá una protección jurídica mayor al receptor de la información en relación a la publicación de los documentos. Esto es una buena noticia, pero no es suficiente sino hay un sistema legal que proteja al whistleblower.

En Estados Unidos y en Gran Bretaña existe legislación específica para proteger al que denuncia actividades ilegales de una organización o grupo de personas. En el Reino Unido es la Public Interest Disclosure Act de 1988 (o Ley para la Divulgación de Interés Público). Básicamente protege al denunciante (whistleblower) de ser perseguido y/o despedido. Esta ley es una pieza importante en un marco de libertad de la información en una democracia. En España, como en muchos otros países del continente europeo, está ley brilla por su ausencia. Con ella seguramente, casos como el Palau, el de los informes de la Generalitat, o Gürtel hubieran salido antes a la luz, y muchos otros casos de corrupción y actividades perjudiciales para nuestra democracia y los ciudadanos saldrían de la oscuridad. En estos momentos, en España sólo Wikileaks ofrece la protección a personas de buena fé e intención que saben de un hecho delictivo y no pueden denunciarlo por miedo; un miedo que una sociedad democrática debería hacer desaparecer.