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Política

Rubalcaba 2012?

El otro día, viendo a Rubalcaba en el telediario lo vi, por primera vez, como Presidente del Gobierno. Hoy La Vanguardia publica una encuesta en la que los ciudadanos creen que Zapatero no debería repetir como candidato del PSOE, con Rubalcaba como favorito para substituirle.

Queda un año y medio para las elecciones. El PSOE va directo a perderlas excepto si toma medidas drásticas. El tiempo de Zapatero ha pasado. Un PSOE con Rubalcaba a la cabeza tendría grandes posibilidades de gobernar, un PSOE con Zapatero estará en la oposición.

(Del PP y Rajoy mejor no hablar, si ganan las elecciones será por que el PSOE no ha sabido rectificar a tiempo, no por propios méritos.)

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Mundo en Red Política

Actuable


Cuando Francisco creo yopolitico.com con varias personas me dije a mí mismo: hay algo interesante en esta plataforma pero el enfoque no es bueno. YoPolitico fue un fracaso. Pero de los fracasos se hacen los éxitos. De él, y su experiencia en campañas online, Francisco Polo (@franciscopolo) aprendió mucho y de él surgió Actuable, una plataforma para crear y apoyar peticiones online. En menos de una semana ya consiguieron más de 3,000 usuarios, y las peticiones no hacen más que crecer. El interface de usuario, diseñado por Alvaro Ortiz (@furilo) está basado en Ruby on Rails y está muy buen conseguido. Limpio, atractivo y agradable al “tacto”. Actuable ya ha salido en El Pais y el ABC.

Francisco Polo explica un poco más el proyecto en su blog. Por mi parte sólo decir, felicidades. Esta vez habeis dado en el clavo.

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Información Mundo en Red Política

Apuntes sobre el acceso a la información. Hechos sin acceso.

UPDATE: Un artículo de EuropaPress contiene más información que el artículo de El País (gracias a @netoraton.
UPDATE2: Comunicado de prensa sobre estas noticias de AccessInfo, la organización que trabaja por el reconocimiento de este derecho en España dentro de la Coalición ProAcceso.

Hoy El País avanza una vez más una miguitas de lo que podría ser la Ley de Acceso a la Información española. El proceso de elaboración de esta ley ha sido a puerta cerrada, en secreto, sin la participación ciudadana, sólo de agentes desconocidos de las administraciones públicas. Un proceso que contradice el espíritu de esta ley, y que en cierta manera desvela la verdadera voluntad del gobierno en aplicar una ley que cambiara la manera en el que las administraciones españolas trataran al ciudadano.

El País avanza tres puntos importantes: (1) plazo de 30 dias para contestar (con posibilidad de ampliación a 30 días más en casos de dificultad en conseguir la información); (2) Silencio administrativo positivo. Si la administración afectada no contesta en el plazo legal se resuelve en favor del peticionario; (3) la Agencia Española de Protección de Datos (con el añadido de “y Acceso a la Información) será la encargada de los recursos contra la decisión de la administración, aunque sólo en el caso de la administración estatal, pues no tiene competencias sobre la administración autonómica.

Tres apuntes personales sobre estos tres puntos: (1) 30 días es un plazo bastante amplio en comparación con la media en Europa, que es de alrededor de 14 días. Además se puede ampliar a 30 días más. Dos meses pueden ser una eternidad dependiendo de la perennidad de la información requerida. (2) El cambio del efecto del silencio administrativo es muy positivo. Actualmente la mayoría de las peticiones de información se resuelven en negativo con el silencio de la administración. (3) El dar las competencias a la AEPD es un modelo que puede funcionar bien, como los casos británico y esloveno demuestran. Pero ¿Qué pasa con las administraciones autonómicas y locales? Esto significa que en cierta manera estamos hablando de una ley de bases, pues el acceso a la información de las administraciones autonómicas es competencia de éstas, al menos su aplicación. Necesitaremos entonces de leyes autonómicas que garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Este último punto nos vuelve a una cuestión fundamental: ¿regulará el gobierno este derecho como un derecho fundamental recogido en el artículo de la Constitución (art. 20) o como un derecho recogido en la Constitución (art. 105), pero sin las garantías de los fundamentales? Respuesta en el próximo capítulo de “Acceso y Secretos: Una saga a la española”, escrito por el Gobierno y sus amiguetes. Publicado por El País.

Más info (por AccessInfo)

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Información Política

El poder de la información en democracia

Hace unos meses creé un blog/plataforma para concentrar mis ideas sobre gobierno abierto y colaborativo, y construir poco a poco un espacio para contribuir a la definición y desarrollo de las estructuras y herramientas que lo permitan. La llamé midemocracia.org. Esta plataforma parte de la convicción de que debido a la emergencia de Internet y sus tecnologías asociadas, la información está adquiriendo más valor como instrumento de poder político, económico y social y, al mismo tiempo, hay un proceso de distribución de la información que potencialmente permite la distribución de este poder. Nada hay determinado. Quién poseerá y utilizará este poder en el futuro no está determinado por la tecnología o las dinámicas que existan en el presente. Mucho depende de cómo nosotros actuemos.

Una parte importante de este proceso es la garantia y protección del derecho de acceso a la información pública por los ciudadanos. España es uno de los pocos países en la Unión Europea que no tiene una regulación que permita este acceso respetando los criterios estipulados en la Convención del Consejo de Europa sobre Acceso a documentos oficiales (versión inglés).

De los 27 países que conforman la Unión Europea solamente cuatro (4) no tienen una ley de acceso a la información: Chipre, España, Luxemburgo, y Malta. Asimismo de los 47 países miembros del Consejo de Europa España es uno de los pocos países (8) que no tienen una ley de acceso a la información (junto con Andorra, Chipre, Luxemburgo, Malta, Mónaco, y San Marino). (fuente: Coalición Pro-Acceso)

La única norma española que cubre el derecho de acceso a la información del sector público es el articulo 37 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ésta es una norma claramente deficiente que infringe muchos de los principios internacionales sobre este derecho.

El PSOE tenía en su programa de las elecciones de 2004 y 2008 la aprobación de una Ley de Acceso. Después de casi seis años, el gobierno de Rodríguez Zapatero aún esta redactando el ante-proyecto. La información es tan poderosa que los políticos y los administradores parece que tienen miedo de abrir las puertas y ventanas de la administración pública a los ciudadanos. Las últimas noticias dicen que el gobierno presentará el proyecto en junio. Mientras tanto, el debate está en la calle y cada vez más en el mundo académico y en los medios de comunicación.

Dentro del derecho al acceso a la información pública hay un elemento que está ganando relevancia: los datos abiertos (open data). En Estados Unidos, la administración Obama ha aprobado la Open Government Directive (o Directiva del Gobierno Abierto) para crear una marco en que los ciudadanos puedan tener acceso a la información y a los datos de las adiministraciones públicas y crear colaboración entre la sociedad y el gobierno. Anteriormente, abrieron una web para concentrar y distribuir los datos públicos (data.gov). Un desarrollo muy similar se puede presenciar en el Reino Unido con la obertura de data.gov.uk por el gobierno laborista en colaboración con el creador de la world wide web, Tim Berners-Lee.

Las administraciones públicas en todos los países, y particularmente en democracias con servicios sociales, recogen, producen y almacenan grandes cantidades de información y datos. El sector público es el principal productor y consumidor de datos. La obertura de estos datos es importante, principalmente por dos razones: (1) Responsabilidad: en una democracia los ciudadanos deben poder saber sobre las actividades de las administraciones y personal que están a su servicio, incluído el personal político (= representantes). Esto permite la reducción de la corrupción y la eficiencia de las políticas públicas. (2) Experiencia: las administraciones públicas con todo su poder político, coercitivo y financiero, no pueden reproducir la capacidad y experiencia de la sociedad. La obertura de los datos permite que los ciudadanos, grupos y organizaciones que no trabajan en la administración, pero que están en posesión de habilidades y experiencias esenciales para la eficiencia y eficacia de políticas públicas, pongan a disposición del interés colectivo estas habilidades y conocimientos.

Es por todo ello que nosotros, como ciudadanos, debemos participar en la construcción de una democracia más abierta y colaborativa, aprovechando lo que la tecnología nos está ofreciendo. Es por ello que creé midemocracia.org

Hoy, Francisco Polo también habla en su blog sobre este tema. De una manera amena y sencilla explica porqué es importante que abramos los datos públicos, e incluye otra información interesante sobre el tema. Os recomiendo que leais su post “Más Open Government“.

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Información Política

El ciudadano y la administración opaca

Un día de junio de 2007, un ciudadano español se acercó al Ministerio de Justicia a hacer algunas preguntas sobre la lucha contra la corrupción que el gobierno estaba llevando a cabo. Entre otras hizo las siguientes preguntas:

En cumplimiento del Convenio de Naciones Unidas contra la corrupción (art. 6), ¿qué órgano es el encargado de prevenir la corrupción cometida por personas y entidades españolas, privadas y públicas? ¿Qué recursos (material y personal) se le han proporcionado?

El ciudadano esperó y esperó la respuesta del Ministerio, pero nunca llegó. Él ciudadano decidió interponer un recurso administrativo contra este silencio, pero fue desestimado. El ciudadano, que quería respuestas a sus preguntas, interpuso un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, pero ésta lo desestimo argumentando que la Constitución Española no garantiza el derecho del ciudadano a solicitar y recibir información de la Administración Pública (!). El ciudadanos se quedó livido, y muy decepcionado. Su sorpresa se transformó en cabreo cuando leyo un artículo en la revista Interviu en el que se decía que la Administración española oculta de forma sistemática datos. Desgraciadamente, su caso no era excepcional, sino la norma!

¿Cómo es posible que la Administración no se digne a contestar preguntas sobre algo tan importante como la lucha anti-corrupción? El ciudadano concluyó que aqui algo no funcionaba, y algo había que hacer. Las palabras no bastan, así que interpuso un recurso en el Tribunal Supremo. El ciudadano ahora espera…

Ésta es una historia real que se repite continuamente en España, un pais que se llama democracia pero que no garantiza un derecho tan fundamental como es el acceso de los ciudadan@s de la la información que es de tod@os, la información que recoge, produce y almacena con nuestro dinero.

Éste ciudadano en concreto es un miembro de Access Info, organización que lucha por el reconocimiento y garantía de éste, nuestro derecho. Access Info ha interpuesto hoy un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la Audiencia Nacional de no reconocerlo y garantizarlo en contra de la jurisprudencia internacional al respecto. Sin embargo, aún hay mucho trabajo que hacer y cada ciudadan@ es valioso en esta lucha por nuestros derechos.

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Europa Política

La política es sobre las personas, no los partidos

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Los jóvenes europeos no quieren a los partidos políticos en sus vidas. Sólo el 4% de los jóvenes (15-29 años) participan en un partido político o sindicato (en Euronews (punto 2:02) de Eurostat estadísticas). Esta es una figura clara de lo que los jóvenes quieren o no quieren. Los políticos de los partidos políticos y sus acólitos rápidamente dan la culpa al sistema educativo, al capitalismo, a la televisión o incluso a la Playstation de la falta de interés en la política de los jóvenes. Están cegados por su pensamiento de grupo y su estrecha perspectiva de lo que la política es. La política no es sólo, y ni siquiera principalmente, sobre lo que hacen los partidos políticos y sus representantes (los llamados “políticos”). Esto, muchas personas, incluidos los jóvenes, lo saben muy bien. Yo les recomiendo a la gente de partido de darse una vuelta una noche alrededor de los bares en cualquier ciudad o pueblo en Europa, para escuchar lo que la gente habla. Hablan de política más allá de los partidos políticos y sus instituciones públicas cautivas. Se sorprenderán al saber que hay vida política fuera del partido. Pues la política es principalmente sobre las personas y lo que hacen, y no sobre las organizaciones de cualquier tipo. Por eso tenemos que reformar el sistema para dar oportunidades a aquellos que quieren hablar y participar en la política, pero que no quieren ser prisioner@s de una organización que tiene sus propios intereses, a menudo diferentes de los intereses del resto de nosotros.

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Europa Información Política Tecnologia

David Bravo frente a la Comisión todopoderosa y el lado oscuro del Gobierno

David Bravo, abogado en nuevas tecnologías y activista de copyleft, escribió un post ayer en su blog de lectura necesaria. Como nos tiene habituados, en un tono inteligente y riguroso nos informa con las palabras justas sobre los abusos que el gobierno está cometiendo en contra de los derechos fundamentales de expresión e información de todos los ciudadanos (y no sólo de los mal llamados internautas). Reproduzco tres párrafos importantes:

En el necesario debate sobre la propiedad intelectual, frente a iniciativas de Canadá o el Reino Unido que han propugnado un sistema de discusión abierta, habilitando webs específicas para el debate público, nuestro Gobierno está mostrando un comportamiento reprochable no sólo democrática sino jurídicamente.

A los jueces se les quita la potestad de decidir quién infringe la propiedad intelectual en Internet: esa potestad se la reserva ab initio el Ministerio de Cultura. Se difumina una vez más el logro que supuso la separación de poderes. La puerta que se abre con una estrategia de control político tan abyecta como ésta es sumamente peligrosa y permite, en la práctica, que el Ejecutivo pueda arrebatar determinados ámbitos de litigio a los tribunales si sus sentencias no son del gusto de quien gobierna.

La trayectoria del Gobierno en este tema es oscurantista: no entrega datos sobre propiedad intelectual que puedan cotejarse públicamente, no ejerce el control sobre las Entidades de Gestión, cuando anuncia la Ley de Economía Sostenible olvida mencionar la reforma de la LPI, que es filtrado a un periódico y no desde luego por los ciudadanos.

Además él y su colega Javier de la Cueva dan al dominio público la plantilla de su contestación a demandas del SGAE, con los argumentos jurídicos en contra de la consideración de las webs de enlaces como infractoras de la propiedad intelectual.

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Política

Frente a una grave emergencia

Hoy, 56 periódicos en 45 países han decidido dar el paso sin precedentes de hablar con una sola voz a través de un editorial común. Lo hacemos porque la humanidad se enfrenta a una grave emergencia.

Si no nos unimos para emprender acciones decisivas, el cambio climático causará estragos en nuestro planeta y, con él, en nuestra prosperidad y nuestra seguridad. Los peligros son evidentes desde hace una generación. Ahora, los hechos han empezado a hablar por sí solos: 11 de los últimos 14 años han sido los más calientes que se registran, el casquete polar del Ártico está derritiéndose y la increíble subida de los precios del petróleo y los alimentos el año pasado nos ofrece un anticipo del caos que se avecina. En las publicaciones científicas, la cuestión ya no es si la culpa es de los seres humanos, sino cuánto tiempo nos queda para limitar los daños. Y, sin embargo, hasta ahora, la respuesta del mundo ha sido débil y desganada.

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Política

Cuando menos es más: Estatut, referéndum y futuro

Una cosa que me llama la atención de todo este asunto del Estatut, el editorial, la oligarquía política, y un largo etcétera es que hay personas que se atreven a interpretar los resultados del referéndum a su manera y siempre en su favor. El Mundo, el ABC, el PP y otro largo etcétera dicen que el bajo porcentaje de la sociedad catalana que apoyo el estatuto en referéndum, particularmente comparado con el resultado en el referéndum constitucional en 1978, demuestra que esta sociedad, la catalana para entendernos (por si acaso algún despistado creyera que estamos hablando de Madrid, por poner un ejemplo), no quiere este Estatuto.

No voy a entrar en el hecho de que la gente que repite esto una y otra vez suele no vivir entre la sociedad (catalana, claro está); ni tampoco que comparar un referéndum de 1978, con una coyuntura muy particular, con otro celebrado en 2006 es una falacia histórica considerable que si un estudiante de básica (los partidos han cambiado tantas veces el sistema educativo que no sé como se llama ahora) lo dijera se le suspendería directamente (no hay sorpresa aquí pues los mismos que lo argumentan han crecido en un sistema educativo que incluso funcionaba peor que el que tenemos, que ya es decir).

En mi opinión lo más chocante es que interpreten el rechazo al texto actual del Estatut de una parte importante de los catalanes como una satisfacción con la situación anterior, o que se prefiera ésta a aquel. Creo que hay espacio para otra interpretación, de cariz muy diferente. Una interpretación que dice que menos apoyo quiere decir más Estatut. Es decir, que la gran mayoría de los catalanes querían un Estatut más ambicioso (y también, hay que decirlo, mejor escrito), pero que entre un antes y después es mejor el después. No digo que esto sea así, solamente creo que es una posibilidad bastante factible. A mí no se me ocurre hablar por la sociedad (sí, catalana), simplemente me gustaría que lo lógica y un debate elaborado fuera el dominante, y no el partidismo castizo al que, desgraciadamente, nos acostumbran.

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Europa Política

La dignidad y el Estatuto: Respuesta a El Mundo y Carreras

Como decía en un post anterior en la sección catalana. Hoy 12 diarios catalanes han reproducido el mismo editorial en defensa del Estatuto y la dignidad del pueblo catalán. Dos contrapuntos interesantes son, en mi opinión, dignos de mención. Por un lado, el más corto y simplista es la primera respuesta de El Mundo “Es imposible decir más falsedades con peor intención en menos espacio” y el segundo, más elaborado, es el artículo en La Vanguardia de un antiguo profesor mío en la Facultad de Derecho de la UAB Francesc de Carreras. A pesar de la diferencia de espacio y tiempo (uno en Madrid y otro en Cataluña, uno publicado después del editorial, el otro con el mismo editorial), los dos coinciden en dos puntos: la legitimidad jurídico-política del Tribunal constitucional y la acusación de que el editorial común (o declaraciones de los políticos en el caso de Carreras) defiende los intereses de una oligarquía política que quiere controlar la sociedad catalana.

[E] l TC cumple la función institucional que precisamente le han encomendado los millones de ciudadanos que votaron la Constitución […] No, aquí no está en juego “la dignidad de Catalunya”, como dicen estos colegas, sino la pretensión de una oligarquía política de controlar a la sociedad catalana a través de un Estatuto diseñado para alejarla del resto de España aun a costa de truncar el orden constitucional y el modelo de convivencia democrática. (El Mundo)

El motivo es el vértigo del fracaso ante unas elecciones ya próximas. En realidad, lo que pretenden los políticos catalanes no es defender el Estatuto, ni en Cataluña, ni a los catalanes: lo que tratan es defenderse a sí mismos, no dejar en evidencia su tan visible mediocridad. Están asustados ante unos sondeos de opinión según los cuales, si las elecciones se celebrarán hoy, se abstendrían de votar más de la mitad de los electores: sería la constatación de su fracaso y la certeza de una desconfianza generalizada. Esto es lo que verdaderamente les preocupa […] al final del partido intentan descalificar al árbitro, el Tribunal Constitucional, con la finalidad de que no se les pidan responsabilidades. (Carreras)

Quiero responder a estos dos puntos. Primero, estoy de acuerdo con Francesc de Carreras cuando habla de la “visible mediocridad” de los políticos catalanes. Veo en ellos la misma mediocridad que hay en España, en Francia, en Bélgica, el Reino Unido, Italia, etc. Estoy de acuerdo con El Mundo cuando habla de oligarquía política. Ya he hablado en mi sección en castellano sobre la partitocracia. Pero esto no es exclusivo de Cataluña, ni mucho menos, esto es efecto de un sistema político basado en exceso sobre una organización política que ha envejecido y ha acumulado demasiado poder. No señor Carreras, no señores de El Mundo. La editorial, tanto como muchas de las quejas que salen sobre el Tribunal Constitucional, el recurso del PP y el lamento continuo de algunos desde España sobre Cataluña son una realidad social. Tal vez no compartida por todos en Cataluña (no hay ninguna idea política que lo sea), pero sentida por una parte de la sociedad catalana. Como muestra la manifestación “Sóm una Nació i diem Prou” del 18 de febrero de 2006. Ignorar a estos ciudadanos atacando a los políticos es partidista y muestra de un análisis poco profundo de la realidad. La realidad es mucho más compleja.

Sobre la legitimidad del Tribunal Constitucional. Sí, es verdad que es una institución muy importante del sistema jurídico y político del Estado. Es verdad que está protegido por la Constitución y tiene un papel muy importante para la resolución de conflictos que afectan al texto constitucional. Pero también es verdad que no sólo es una institución jurídica, sino también política. Sus decisiones tienen efectos más allá del texto legal. Muchas veces puede actuar como un segundo legislador, pero sin legitimidad democrática. Los jueces del TC no han sido elegidos por los ciudadanos, sino por la misma oligarquía política que El Mundo y Carreras atacan, aunque esta vez es española. El TC necesita renovación y un sistema de elección que no esté influenciado tanto por los partidos políticos. Hoy en día el TC es utilizado como espacio político para aquellos que no tienen los votos del pueblo. Ignorar esto es de nuevo muestra de partidismo. Ignorar esto es obviar factores políticos esenciales para comprender la realidad.